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Presunción de inocencia. El Consejo de la UE confirma el acuerdo con el Parlamento Europeo

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Luxemburgo, 4 de Noviembre de 2015

El 04 de noviembre de 2015, el Comité de representantes permanentes (Coreper) aprobó  con el Parlamento Europeo una directiva sobre el fortalecimiento de algunos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal.

El propósito de la Directiva es mejorar el derecho a un juicio imparcial en los procesos penales y que se establezcan normas mínimas relativas a ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

De esta manera, la Directiva va a complementar el marco jurídico de la Convención Europea de derechos humanos y la carta de derechos fundamentales.

La Directiva reforzará la confianza mutua y la confianza entre los diferentes sistemas judiciales de los Estados miembros y facilitará el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia penal.

Este acuerdo alcanzado bajo la Presidencia luxemburguesa con el Parlamento Europeo es un paso importante en la creación de un espacio judicial europeo.

La presunción de inocencia es un principio fundamental del proceso legal y uno de los más importantes derechos de la defensa.

Esta directiva reforzará los derechos de los sospechosos y acusados en la Unión Europea mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que regirán los derechos básicos de un juicio justo”, dijo Félix Braz, Ministro luxemburgués de justicia y Presidente del Consejo.

De acuerdo con la Directiva, los Estados miembros tendrán que asegurarse de que los sospechosos y acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario por la ley.

La Directiva establece dos derechos ligados a este principio: el derecho a guardar silencio y derecho a no incriminar a uno mismo.

Además, los Estados miembros deben respetar las siguientes obligaciones relacionadas: antes del juicio final, sospechosos y acusados no deben presentarse como culpables mediante el uso de medidas de restricción física y la inversión de la carga de la prueba debe estar en la Fiscalía mientras que cualquier duda razonable sobre la culpabilidad debe beneficiar al acusado. El derecho a estar presente en el juicio también se trata en la presente Directiva.

Por otra parte, los Estados miembros tendrán que asegurarse de que los sospechosos y acusados tienen un remedio efectivo si se incumplen sus derechos en la presente Directiva.

Próximos Pasos:

Ahora que el acuerdo ha sido confirmado por el Comité de representantes permanentes, en nombre del Consejo, la Directiva se presentará, tras revisión legal-lingüística, al Parlamento Europeo una votación en primera lectura y al Consejo para su adopción. Una vez aprobado, los Estados miembros tendrán dos años para poner en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir con esta Directiva.

Antecedentes:

La Comisión presentó su propuesta el 27 de noviembre de 2013. En un paquete aprobado en la misma fecha, la Comisión presentó también los siguientes textos: una propuesta de Directiva sobre las garantías procesales para los niños que son sospechosos o acusados en procesos penales, una propuesta de Directiva sobre el derecho a la asistencia jurídica provisional para ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y para los sujetos a una orden de detención europea, una recomendación sobre las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosos o acusados en procesos penales, una recomendación sobre la derecha legal ayuda para sospechosos o acusados en procesos penales.

Desde 2009, el trabajo en la Unión Europea sobre el fortalecimiento de los derechos procesales para sospechosos y acusados en el proceso penal se ha realizado sobre la base de la hoja de ruta, que fue aprobado por el Consejo el 30 de noviembre de 2009.

La hoja de ruta establece un enfoque gradual hacia el establecimiento de un catálogo completo de derechos procesales para sospechosos y acusados en el proceso penal.

El Consejo Europeo ha hecho la parte de la hoja de ruta del programa de Estocolmo, en el que se hizo referencia explícita a una medida de la presunción de inocencia.

Ya se han adoptado tres medidas sobre la base de la hoja de ruta: Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a interpretación y traducción en procedimientos penales, Directiva 2012/13/CE sobre el derecho a la información en los procesos penales y Directiva 2013/48/UE sobre el derecho de acceso a un abogado en el proceso penal y de procedimiento de orden europea de detención y al derecho a tener una tercera parte informada sobre la privación de la libertad y para comunicarse con terceras personas y con las autoridades consulares mientras sean privados de libertad.

En junio de 2013 el Consejo llegó a un planteamiento general sobre la propuesta de Directiva sobre las garantías procesales para los niños. Continúan las negociaciones con el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo sobre ese texto.

Ver Propuesta Completa:

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales /* COM/2013/0821 final – 2013/0407 (COD) */

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1.        Introducción

1.           La presente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo pretende reforzar determinados aspectos del derecho de los sospechosos o acusados en un proceso penal en la Unión Europea a la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por sentencia firme, así como su derecho a estar presentes en su propio juicio.

2.           A tenor del artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el reconocimiento mutuo debe ser la piedra angular de la cooperación judicial, en el sentido de que las resoluciones judiciales adoptadas en un Estado miembro deben considerarse equivalentes en los demás, y por lo tanto, ejecutables en toda la UE. La cooperación judicial debe sustentarse en la confianza mutua entre los distintos sistemas judiciales, por lo que la percepción de que los derechos de los sospechosos o acusados no son sistemáticamente respetados tiene un efecto extremadamente perjudicial para la confianza mutua y, por consiguiente, para la cooperación judicial.

3.           Partiendo de estas consideraciones, el Programa de Estocolmo[1] enfatizó la necesidad de reforzar los derechos de las personas en los procesos penales. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas que configuren una estrategia gradual de refuerzo de los derechos de los sospechosos o acusados mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre el derecho a un juicio justo.

4.           Se han adoptado ya tres medidas: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[2]; la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales[3], y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad[4]. En el paquete del que forma parte la presente iniciativa figuran además medidas para la protección en los procesos penales de los sospechosos o acusados vulnerables y una Directiva sobre la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y en los procedimientos de orden de detención europea.

5.           Además, el 14 de junio de 2011 la Comisión publicó un Libro Verde sobre la aplicación de la legislación penal de la UE en el ámbito de la detención con el fin de abrir una reflexión sobre la forma de reforzar la confianza mutua y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en materia de detención dentro de los límites de la competencia de la UE.

6.           El objetivo global del programa de derechos procesales de la Comisión es garantizar el derecho a un juicio justo en la Unión Europea. El principio de presunción de inocencia y los derechos afines contribuyen a la consecución de ese objetivo. Algunos de los derechos de los sospechosos o acusados en los procesos penales, establecidos en los últimos años por las citadas Directivas de la UE, como el derecho a la interpretación y a la traducción, el derecho a la información y el derecho de asistencia letrada, no constituyen objetivos en sí mismos, sino que convergen hacia la consecución de un objetivo superior: son instrumentos para materializar el principio del derecho a un juicio justo. La presunción de inocencia y los derechos afines contribuyen a ese fin. La persistente conculcación de la presunción de inocencia en los Estados miembros impediría la plena consecución del programa de derechos procesales.

7.           Por ese motivo, en el Programa de Estocolmo, el Consejo requirió expresamente a la Comisión que actuase en relación con la presunción de inocencia.

8.           En su evaluación de impacto, la Comisión examinó detenidamente esta cuestión y concluyó que el refuerzo del derecho fundamental a la presunción de inocencia exigía la adopción de medidas sobre algunos de sus aspectos. Los objetivos generales de las medidas ya adoptadas en el ámbito de los derechos procesales penales, incluido el instrumento clave que es la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado, requieren además que se garantice en todos los Estados miembros de la UE un nivel mínimo de protección del principio de presunción de inocencia.

9.           La presente propuesta se basa en el artículo 82, apartado 2, del TFUE. Según establece ese artículo, «en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Estas normas se referirán a:

a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;

b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal;

c) los derechos de las víctimas de los delitos;

d )[…].»

10.         La presente propuesta contribuirá además a reforzar las garantías jurídicas que amparan a las personas que son objeto de los procesos instruidos por la Fiscalía Europea. La reciente propuesta de Reglamento del Consejo[5] aclara que el sospechoso goza del conjunto de derechos conferidos por el Derecho de la UE, además de los que dimanan directamente de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), ejercitables de conformidad con el Derecho nacional, y se refiere explícitamente al derecho a la presunción de inocencia. La introducción de normas más estrictas sobre la presunción de inocencia mediante la presente propuesta refuerza asimismo las garantías procesales aplicables ante la Fiscalía Europea.

11.         El artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que los derechos fundamentales, garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen principios generales del Derecho de la UE. El artículo 6, apartado 1, del TUE dispone que la Unión Europea reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo valor jurídico es idéntico al del TFEU y el TUE. La Carta puede hacerse valer ante los Estados miembros y las instituciones de la UE cuando aplican la legislación de la UE, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea.

12.         El artículo 47 de la Carta consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El artículo 48 garantiza la presunción de inocencia con el mismo sentido y alcance que el derecho garantizado por el artículo 6, apartado 2, del CEDH[6]. En efecto, esta disposición establece que toda persona acusada de una infracción penal debe presumirse inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. El artículo 11, apartado 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza este principio con una formulación semejante. El artículo 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[7] contiene una disposición muy similar.

13.         El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha precisado el ámbito de aplicación del artículo 6 del CEDH, sosteniendo reiteradamente que sus disposiciones se aplican también a la fase prejudicial del proceso penal[8] y que los sospechosos o acusados disfrutan de los derechos que les confiere el artículo 6 ya en los primeros interrogatorios policiales[9]. El Tribunal ha establecido, además, que estas garantías deben aplicarse a los testigos que, en realidad, sean sospechosos de algún delito, habida cuenta de que la calificación formal de la persona es irrelevante[10].

14.         El principio de presunción de inocencia se ha ido desarrollando a lo largo de los años. El TEDH sostiene que el artículo 6, apartado 2, del CEDH encierra tres requisitos esenciales[11]: el derecho a no ser públicamente presentado como condenado por las autoridades públicas antes de la sentencia firme[12], la atribución de la carga de la prueba a la acusación y del beneficio de cualquier duda razonable al acusado y el derecho del acusado a ser informado de los cargos que se le imputan. El TEDH reconoce además la existencia de un claro nexo entre la presunción de inocencia y otros derechos a un juicio justo, en el sentido de que la vulneración de los segundos compromete ineludiblemente el primero: se trata del derecho a no autoinculparse, el derecho a no cooperar y el derecho a guardar silencio[13] (y a no estar sujeto a prisión preventiva)[14].

15.         El derecho a estar presente en el propio juicio es uno de los derechos esenciales de la defensa. En efecto, el derecho del acusado a estar presente en el propio juicio forma parte del derecho a un juicio justo conforme al artículo 6 del CEDH y a la interpretación que de este artículo hace el TEDH[15]. La consolidación de este derecho contribuirá, por consiguiente, a reforzar el derecho a un juicio justo.

16.         El derecho a ser informado de la acusación está regulado en la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales, por lo que queda al margen de la presente Directiva. La prisión preventiva es objeto de iniciativas separadas[16], por lo que tampoco se incluye en la presente Directiva. Los demás aspectos mencionados del principio de presunción de inocencia se abordan en la presente propuesta.

17.         La presente Directiva establece los requisitos mínimos que gobiernan, al nivel de la UE, determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia de los sospechosos o acusados en consonancia con el Programa de Estocolmo y la jurisprudencia del TEDH. Propicia así la aplicación de la Carta y, en particular, de sus artículos 6, 47 y 48, desarrollando el artículo 6 del CEDH conforme a la interpretación del TEDH.

1.2.        Resultados de la consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

18.         Los interesados han sido consultados en repetidas ocasiones.

19.         En 2006, la Comisión publicó un Libro verde[17] sobre la presunción de inocencia. A la sazón, once Estados miembros respondieron a la consulta, y algunos expertos y profesionales independientes aprovecharon la oportunidad para denunciar la erosión del principio de presunción de inocencia y subrayar que, especialmente en determinados procedimientos de instrucción contra no nacionales o no residentes, cada vez tenía mayor aceptación el principio de «presunción de culpabilidad» en los sistemas nacionales.

20.         La Comisión ha entrado además en contacto con los principales interesados y se ha servido de las consultas correspondientes a las demás iniciativas que configuran el presente paquete de medidas.

21.         En la reunión del Grupo de Expertos sobre Política Penal de la UE de 23 de enero de 2013, la Comisión recabó los pareceres de académicos, profesionales, jueces, abogados y fiscales sobre el tema.

22.         Además, el 19 de febrero de 2013 se celebró una reunión especialmente dedicada a la presunción de inocencia con representantes de los Ministerios de Justicia de los Estados miembros y Croacia.

23.         Junto a todas estas actividades, el 27 de febrero de 2013 se abrió, en relación con el estudio realizado para preparar la evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta, una encuesta en línea que se publicó en los sitios web de la DG de Justicia y de la Red Judicial Europea. Los principales interesados fueron avisados por correo electrónico de esta encuesta, que suscitó más de 100 respuestas. La encuesta no solo se centraba en la situación jurídica de la protección de la presunción de inocencia en los Estados miembros, sino también y, sobre todo, en su aplicación práctica. Los resultados de la encuesta se incluyeron en el anexo III de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta. La evaluación de impacto, que puede consultarse en [http://ec.europa.eu/governance], indica que el nivel de garantías que ofrece la legislación de los Estados miembros es, en general, aceptable, y que no parece existir ningún problema sistémico en este ámbito. No obstante, las garantías jurídicas deberían mejorarse en algunos aspectos. Además, la presunción de inocencia se vulnera demasiado a menudo en la UE.

2.           ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

2.1.        Disposiciones específicas

Artículo 1 — Objeto

24.         El objeto de la presente Directiva es fijar normas mínimas relativas a determinados aspectos del derecho de los sospechosos o acusados a la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por sentencia firme. La presente Directiva abarca los derechos siguientes: el derecho a no ser presentado como culpable por las autoridades públicas antes de la sentencia firme, la atribución de la carga de la prueba a la acusación y el beneficio de toda duda razonable al acusado, el derecho a la no autoinculpación, el derecho a la no cooperación y el derecho a guardar silencio. Además, la presente Directiva incluye el derecho a estar presente en el propio juicio.

Artículo 2 — Ámbito de aplicación

25.         La presente Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en un proceso penal, desde las fases más tempranas del mismo, es decir, incluso antes de que las autoridades competentes les hayan notificado que son sospechosos o están acusados de haber cometido una infracción penal. Se aplica hasta la conclusión de ese proceso, es decir, hasta que se dicte sentencia firme.

26.         El derecho a la presunción de inocencia cubre distintas necesidades y niveles de protección según se trate de personas físicas o jurídicas, conforme reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el derecho a no autoinculparse[18]. La Directiva tiene en cuenta estas diferencias y, por lo tanto, se aplica únicamente a las personas físicas.

27.         El derecho de las personas jurídicas a la presunción de inocencia está protegido por garantías previstas en las legislaciones nacionales y de la Unión, conforme a la interpretación de los tribunales y del Tribunal de Justicia, así como en el CEDH, conforme a la interpretación del TEDH.

28.         Se mantiene y respeta, por lo tanto, el enfoque gradual de la intervención del Derecho de la Unión, especialmente en el ámbito de los derechos de las personas en los procesos penales. Toda iniciativa futura que se considere en este campo dependerá de la evolución de la legislación nacional y de la jurisprudencia.

Artículo 3 – Presunción de inocencia

29.         Esta disposición establece el derecho a la presunción de inocencia.

Artículo 4 – Referencias públicas a la culpabilidad antes de la condena

30.         El TEDH ha fijado entre los aspectos básicos del principio de presunción de inocencia el hecho de que ningún tribunal o funcionario público pueda presentar públicamente a los sospechosos o acusados como culpables de un delito en tanto no hayan sido juzgados y condenados mediante sentencia firme[19]. Este principio debería aplicarse además, con arreglo a la jurisprudencia del TEDH[20], a la totalidad de las autoridades públicas. Ambas circunstancias podrían alimentar entre la ciudadanía la convicción de que el sospechoso o acusado es culpable y prejuzgar el análisis de los hechos por la autoridad judicial.

31.         Este principio debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de publicar, de conformidad con las leyes nacionales, las resoluciones que impongan sanciones como consecuencia de procedimientos administrativos.

Artículo 5 – Carga de la prueba y fuerza probatoria

32.         La presunción de inocencia implica que la carga de la prueba recae en la acusación y que toda duda sobre la culpabilidad debe beneficiar a los sospechosos o acusados (in dubio pro reo). Presupone, por lo tanto, que la sentencia de un tribunal debe basarse en las pruebas que se le presenten y no en meras declaraciones o suposiciones. Todo ello sin perjuicio de la plena independencia judicial para valorar la culpabilidad del sospechoso o acusado. Además, el TEDH ha admitido que en ciertos supuestos, específicos y limitados, la carga de la prueba puede invertirse y trasladarse al acusado. Este artículo refleja el principio del TEDH[21], que se considera alcanza el equilibrio adecuado entre el interés público (las necesidades de la acusación) y el derecho de defensa. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las posibilidades de que la defensa presente pruebas de conformidad con las normas nacionales aplicables.

Artículo 6 y artículo 7 – Derecho a no autoinculparse y a no cooperar y derecho a guardar silencio

33.         Estos dos artículos establecen el derecho a no autoinculparse y a no cooperar y el derecho a guardar silencio. El derecho a no ser obligado a testificar contra sí mismo, a no declararse culpable y a guardar silencio son normas internacionales que gozan de reconocimiento general y el núcleo de la noción de juicio justo del artículo 6 del CEDH[22]. Su lógica radica, entre otras cosas, en la protección del acusado frente a una coerción abusiva de las autoridades, lo que contribuye a evitar errores judiciales y a cumplir los objetivos del artículo 6 del CEDH. El «grado de coerción» ejercido sobre los sospechosos o acusados para obligarles a aportar información relacionada con los cargos que se les imputan no puede aniquilar, ni siquiera por motivos de seguridad y orden público, la esencia de su derecho a no autoinculparse y a guardar silencio[23]. Debe en cualquier caso respetarse el artículo 3 del CEDH, relativo a la prohibición de la tortura, en la interpretación dada por el TEDH.

34.         El derecho a no autoinculparse tiene por fin primordial respetar la voluntad de los sospechosos o acusados de guardar silencio y, en particular, presupone que la acusación en un asunto penal tratará de demostrar los cargos que se imputan a los sospechosos o acusados sin recurrir a pruebas obtenidas con métodos coercitivos u opresivos, contra la voluntad de los sospechosos o acusados. Además, el alcance de ese derecho no se limita a los casos en los que se haya coaccionado al acusado o en los que la voluntad del acusado haya sido directamente doblegada de alguna manera[24]. En ese sentido, según el TEDH, el derecho se halla intrínsecamente vinculado a la presunción de inocencia consagrada en el artículo 6, apartado 2, del CEDH.

35.         Los sospechosos o acusados deben ser inmediatamente informados de su derecho a permanecer en silencio, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/13/UE. Dicha información debe asimismo hacer referencia al contenido del derecho a permanecer en silencio y a la consecuencias de su renuncia o invocación.

36.         Debe descartarse la posibilidad de hacer cualquier inferencia de que los sospechosos o acusados hagan uso de esos derechos. De no ser así, si los sospechosos o acusados pudieran temer que su falta de cooperación o su silencio fuera a volverse en su contra en una fase posterior del proceso penal, ese derecho sería meramente ilusorio. Es este el único modo de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos por los sospechosos o acusados sin temor a que pueda ser utilizado contra ellos en una fase posterior. Por lo tanto, la Directiva establece una salvedad específica e inmediata, a saber, la prohibición del uso de pruebas obtenidas en violación de esos derechos, salvo en los casos muy excepcionales en los que esas pruebas no irán en detrimento de la equidad general del proceso[25].

37.         El hecho de que no se pueda hacer inferencia alguna del ejercicio de esos derechos, no pudiendo utilizarlo en contra de los sospechosos o acusados en una fase posterior del proceso penal, no debe impedir a los Estados miembros, a la hora de determinar la pena concreta, tener en cuenta las actitudes cooperativas.

Artículos 8 y artículo 9 – Derecho a estar presente en el propio juicio

38.         Si una persona no está presente en su propio juicio, compromete su derecho de defensa, puesto que no puede ofrecer al tribunal su versión de los hechos ni presentar las pruebas en consecuencia, por lo que puede ser declarado culpable sin haber tenido la oportunidad de refutar el fundamento de la sentencia condenatoria.

39.         El derecho a estar presente en el propio juicio, o a renunciar a ese derecho tras haber sido informado del mismo, es indispensable para el ejercicio de los derechos de defensa.

40.         Según establece el artículo 7, los Estados miembros deben asegurar que el derecho a estar presente en el propio juicio se aplica a cualquier juicio en el que se dirima la culpabilidad del acusado (resoluciones condenatorias y absolutorias). La presencia de los sospechosos o acusados en ese momento del proceso penal reviste una importancia particular habida cuenta de sus posibles consecuencias.

41.         El artículo 7 recoge el derecho, establecido por el TEDH, de que los acusados estén presentes en su propio juicio, con muy limitadas excepciones de conformidad con la Carta, el CEDH y el Derecho de la Unión[26]. Siempre que se respeten las condiciones establecidas en el artículo 8, nada impide que los Estados miembros hagan uso de «procedimientos simplificados» para la mayoría de los delitos menores más comunes. El artículo 9 establece una vía de recurso, consistente en la obligación de repetir el juicio[27](conforme a lo ya establecido por el TEDH), en aquellos casos en los que no se haya respetado el derecho a estar presente en el propio juicio,

Artículo 10 – Vías de recurso

42.         Según jurisprudencia constante del TEDH, la forma más apropiada de reparación de la vulneración del derecho a un juicio justo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del CEDH sería asegurar que los sospechosos o acusados se hallen, en la mayor medida posible, en la situación en la que se hubieran encontrado de no haberse conculcado sus derechos[28].

Artículo 11 – Compilación de datos

43.         Con el fin de supervisar y evaluar la eficacia y la eficiencia de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros compilen datos fiables sobre el ejercicio de los derechos que en ella se establecen. Entre esos datos figurarán los registrados por las autoridades judiciales y por las autoridades con funciones coercitivas respecto de las vías de recurso existentes en caso de vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio.

Artículo 12 – Cláusula de no regresión

44.         Con este artículo se pretende garantizar que el establecimiento de normas mínimas comunes en virtud de la presente Directiva no tenga como consecuencia reducir el nivel de exigencia en determinados Estados miembros y que se mantengan los principios consagrados en la Carta y en el CEDH. Habida cuenta de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del TFUE, la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros gozan de total libertad para fijar normas más estrictas que las acordadas en la presente Directiva.

Artículo 13 – Transposición

45.         Este artículo requiere que los Estados miembros den aplicación a la Directiva antes del xx/xx/201x y que, no más tarde de esa misma fecha, remitan a la Comisión el texto de las disposiciones por las que la incorporan al ordenamiento jurídico nacional. Dada la simplicidad de las medidas de transposición que deben aplicarse, la Comisión no requiere documentos explicativos para llevar a cabo su labor de supervisión de la transposición de la Directiva. Las medidas de transposición notificadas deberán ser suficientemente explicativas.

Artículo 14 – Entrada en vigor

46.         Este artículo establece que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.2.        Principio de subsidiariedad

47.         Se observan considerables variaciones en lo que respecta al derecho de presunción de inocencia en la legislación de los distintos Estados miembros. La jurisprudencia del TEDH pone de manifiesto que la presunción de inocencia y los demás derechos afines que garantizan un juicio justo se han conculcado constantemente. Ello desemboca en una falta de confianza mutua entre las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros de la UE y en la renuencia de estas a cooperar entre sí. La evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta muestra que el TEDH no garantiza, por sí solo, la plena protección del principio de presunción de inocencia: algunos aspectos no han sido considerados recientemente o en profundidad por el TEDH y el procedimiento de recurso ante el TEDH solo interviene ex post, una vez agotadas todas las vías de recurso internas. La presente Directiva completará las garantías proporcionadas por el TEDH y asegurará la protección de la presunción de inocencia desde la incoación del proceso penal, incluida la posibilidad de servirse de los mecanismos de recurso de la UE.

48.         Los Estados miembros no pueden alcanzar, por sí solos, el objetivo de la propuesta, que es fomentar la confianza mutua. Es preciso recurrir por lo tanto a la intervención de la Unión Europea, consistente en el establecimiento de unas normas mínimas comunes aplicables en toda la Unión. Así lo confirma el Programa de Estocolmo, en el que el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que abordase la cuestión de la presunción de inocencia. La propuesta aproximará las normas procesales de los Estados miembros en lo que respecta a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales, con el objetivo de fomentar la confianza mutua. La propuesta se ajusta por tanto al principio de subsidiariedad.

2.3.      Principio de proporcionalidad

49.         La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que se limita al mínimo requerido para alcanzar el objetivo fijado a escala europea y no excede de lo necesario a tal efecto. La propuesta únicamente trata de algunos aspectos de la presunción de inocencia más directamente relacionados con el funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo y con la cooperación policial y judicial en materia penal. Se circunscribe, además, a las personas físicas. Ello responde al enfoque gradual de la intervención de la UE en el ámbito de los derechos procesales en materia penal y a la necesidad de una intervención proporcionada.

3.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

50.         La presente propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

2013/0407 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[29],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[30],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)       La finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar el derecho a un juicio justo en los procesos penales estableciendo unas normas mínimas relativas a ciertos aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio.

(2)       Mediante el establecimiento de normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos o acusados, la presente Directiva debería reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de los otros Estados miembros y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes deberían suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.

(3)       El Programa de Estocolmo[31] enfatizó la necesidad de reforzar los derechos de las personas en los procesos penales. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas que configuren una estrategia gradual de refuerzo de los derechos de los sospechosos o acusados. El programa de derechos procesales de la UE está concebido como un todo indisociable, de manera que solo se percibirán plenamente sus beneficios cuando todos sus componentes se hayan puesto en práctica.

(4)       En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que examinara nuevos aspectos de los derechos procesales mínimos de los sospechosos y acusados, y que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunción de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperación en ese ámbito.

(5)       Se han adoptado ya tres medidas: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[32], la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[33] y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[34].

(6)       La presente Directiva únicamente debe aplicarse a los procesos penales. No son objeto de la presente Directiva los procedimientos administrativos sancionadores en materia de competencia, comercio, fiscalidad y servicios financieros, así como las investigaciones de las autoridades administrativas en relación con tales procedimientos, ni los procesos civiles.

(7)       A fin de salvaguardar el derecho a un juicio justo, la presente Directiva deberá facilitar la aplicación práctica del derecho a la presunción de inocencia y sus distintos aspectos, así como y del derecho a estar presente en el propio juicio.

(8)       La presente Directiva debe aplicarse a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal en cualquier fase del proceso, es decir, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro les hayan comunicado, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosas o acusadas, hasta la conclusión del proceso.

(9)       La presente Directiva reconoce las diferencias entre las necesidades y los niveles de protección de determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia de las personas físicas y jurídicas. La protección de ese derecho, referido a las personas físicas, se refleja en abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los derechos que dimanan de la presunción de inocencia no amparan a las personas jurídicas en idéntica medida que a las personas físicas.

(10)     Dado el grado actual de desarrollo de las legislaciones nacionales y de la jurisprudencia, tanto nacional como del Tribunal de Justicia, resulta prematuro legislar al nivel de la Unión sobre la presunción de inocencia de las personas jurídicas.

(11)     La protección del derecho de las personas jurídicas a la presunción de inocencia debe fundamentarse en las garantías legales existentes y en la jurisprudencia, cuya evolución determinará en el futuro la necesidad de una intervención de la Unión.

(12)     A efectos de la presente Directiva, por «autoridades con funciones coercitivas o judiciales» se entenderán las autoridades públicas que, en cumplimiento de la legislación nacional, ejercen sus competencias en el ámbito de los procesos penales.

(13)     Se conculca la presunción de inocencia cada vez que alguna resolución judicial o declaración pública de las autoridades judiciales o de otras autoridades públicas presenta a los sospechosos o acusados como condenados sin que estos hayan sido previamente declarados culpables conforme a la ley.

(14)     La carga de la prueba recae en la acusación y toda duda debe beneficiar al acusado. Se vulnerará, por lo tanto, la presunción de inocencia cuando la carga de la prueba se traslade de la acusación a la defensa, sin perjuicio de los posibles poderes de investigación de oficio de los tribunales ni de la plena independencia judicial en la valoración de la culpabilidad del sospechoso o acusado.

(15)     Sin embargo, en algunos casos, el traslado de la carga de la prueba a la defensa no debería ser incompatible con la presunción de inocencia, siempre que se garanticen ciertas salvaguardias: debe asegurarse que las presunciones de facto o de iure se mantengan dentro de unos límites razonables que tengan en cuenta la importancia de los intereses que se ventilan y que sean refutables, por ejemplo mediante nuevas pruebas sobre circunstancias atenuantes o en caso de fuerza mayor.

(16)     El derecho a no autoinculparse y a no cooperar es un aspecto importante de la presunción de inocencia. No se debe forzar a los sospechosos o acusados, al solicitarles que hagan una declaración o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o documentos o proporcionen información que pueda abocar a su autoinculpación.

(17)     Debe limitarse la coerción ejercida para compeler al sospechoso o acusado a facilitar información. Para determinar si la coerción no vulnera esos derechos, deben tenerse en cuenta los factores siguiente, a la luz del conjunto de circunstancias del caso: la naturaleza y el grado de la coerción con que se han obtenido las pruebas, el peso del interés público en la investigación y en el castigo del delito en cuestión, la existencia de las garantías pertinentes en el proceso y el uso dado al material obtenido de tal forma. No obstante, el grado de coerción ejercido sobre los sospechosos o acusados para compelerles a aportar información relacionada con los cargos que se les imputan no puede aniquilar, ni siquiera por motivos de seguridad y de orden público, la esencia de su derecho a no autoinculparse y a guardar silencio.

(18)     El derecho a no autoinculparse y a no cooperar no debe extenderse, en los procesos penales, al material que pueda obtenerse del sospechoso o acusado mediante el ejercicio legítimo de los poderes coercitivos, pero que tenga entidad independiente de la voluntad de los sospechosos o acusados, como el material obtenido con arreglo a una orden judicial o el material respecto del que exista una obligación legal de retención o entrega a petición de la autoridad, como las muestras de aliento, sangre orina y tejidos corporales para el análisis del ADN.

(19)     El derecho a guardar silencio es un aspecto importante de la presunción de inocencia. Debe servir como protección frente a la autoinculpación.

(20)     El derecho a no autoinculparse y a no cooperar y el derecho a guardar silencio deben aplicarse a los aspectos pertinentes para la infracción de cuya comisión se sospecha o acusa a la persona y no, por ejemplo, a las cuestiones relacionadas con su identificación personal.

(21)     El derecho a un juicio justo es uno de los principios básicos en una sociedad democrática. El derecho del acusado a estar presente se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda la Unión.

(22)     No obstante, el derecho del acusado a estar presente en el juicio no es absoluto. Bajo determinadas condiciones, el acusado podrá, expresa o tácitamente, pero siempre de forma inequívoca, renunciar a ese derecho.

(23)     Bajo determinadas condiciones claramente definidas que aseguren el respeto efectivo del derecho a un juicio justo, debería poder celebrarse un juicio que concluya con una declaración de culpabilidad o inocencia en ausencia del sospechoso o acusado.

(24)     La presente Directiva no debe regular las formas ni los métodos, incluidos los requisitos procesales, utilizados para alcanzar los resultados especificados en lo que atañe al derecho a estar presente en el propio juicio, objeto del Derecho interno de los Estados miembros.

(25)     Al considerar si la forma en que se notifica la información es suficiente para garantizar que la persona tenga conocimiento del juicio, también podrá prestarse especial atención, en su caso, a la diligencia con que el interesado recibe la información que se le remite.

(26)     El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías adecuadas y eficaces de recurso en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Toda vía adecuada de recurso existente en caso de vulneración de alguno de los principios establecidos en la presente Directiva debería surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar al sospechoso o acusado en la situación en que se hubiese encontrado de no haberse producido tal violación.

(27)     Con el fin de supervisar y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros compilen datos fiables sobre la aplicación de los derechos que en ella se establecen. Esos datos deben incluir la información registrada por las autoridades judiciales y los servicios con funciones coercitivas en relación con el recurso disponible en el supuesto de que se vulnere alguno de los aspectos de la presunción de inocencia establecidos en la presente Directiva y se viole el derecho a estar presente en el propio juicio.

(28)     La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluidos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa.

(29)     Dado que la presente Directiva fija normas mínimas, los Estados miembros pueden ampliar los derechos en ella establecidos con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección. Ese nivel superior de protección no debe constituir un obstáculo al reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, que esas mismas normas mínimas se destinan a facilitar. El nivel de protección nunca debe ser inferior al dispensado por las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que de ellas hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(30)     Habida cuenta de que los objetivos de la presente Directiva, a saber, fijar un conjunto de normas mínimas comunes acerca de determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales, no pueden ser alcanzados en grado suficiente por los Estados miembros pero, habida cuenta de la escala de la medida, pueden conseguirse mejor al nivel de la Unión, esta podrá adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva se limita a lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(31)     [De conformidad con los artículos 3 y 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] O [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación][35].

(32)        De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO 1 Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1 Objeto

La presente Directiva establece normas mínimas relativas a:

a)           determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia en los procesos penales;

b)           el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplica a las personas físicas sospechosas o acusadas en procesos penales hasta la conclusión final de esos procesos.

CAPÍTULO 2 Derecho a la presunción de inocencia

Artículo 3

Presunción de inocencia

Los Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos o acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Artículo 4 Referencias públicas a la culpabilidad antes de la condena

Los Estados miembros velarán por que, antes de la condena firme, las autoridades públicas no presenten a los sospechosos o acusados como condenados.

Artículo 5 Carga de la prueba y fuerza probatoria

1.           Los Estados miembros velarán por que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos o acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los poderes de investigación de oficio del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

2.           Los Estados miembros velarán por que toda presunción que traslade la carga de la prueba a los sospechosos o acusados tenga la importancia suficiente para justificar una excepción a este principio y sea refutable.

Para refutar la presunción, basta que la defensa aporte pruebas suficientes que susciten una duda razonable sobre la culpabilidad de los sospechosos o acusados.

3.           Los Estados miembros velarán por que, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto valore la culpabilidad del sospechoso o acusado y exista una duda razonable sobre su culpabilidad, este sea absuelto.

Artículo 6 Derecho a no autoinculparse y a no cooperar

1.           Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a no autoinculparse y a no cooperar en cualquier proceso penal.

2.           El derecho establecido en el apartado 1 no se extenderá al uso, en los procesos penales, de material que pueda recabarse de los sospechosos o acusados mediante el uso legítimo de los poderes coercitivos, pero que tenga entidad independientemente de la voluntad de los sospechosos o acusados.

3.           El ejercicio del derecho a no autoinculparse y a no cooperar no se usará en contra de los sospechosos o acusados en una fase posterior del proceso y no se considerará una corroboración de los hechos.

4.           Las pruebas obtenidas en vulneración del presente artículo serán inadmisibles, salvo si su uso no menoscaba la equidad global del proceso.

Artículo 7 Derecho  a guardar silencio

1.           Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a guardar silencio cuando les interrogue la policía, otra autoridad con funciones coercitivas o las autoridades judiciales en relación con la infracción penal de cuya comisión sean sospechosos o acusados.

2.           Los Estados miembros informarán inmediatamente a los sospechosos o acusados de su derecho a guardar silencio, explicándoles el contenido de este derecho y las consecuencias de su renuncia e invocación.

3.           El ejercicio del derecho a guardar silencio no se usará en contra de los sospechosos o acusados en una fase posterior del proceso y no se considerará una corroboración de los hechos.

4.           Las pruebas obtenidas en vulneración del presente artículo serán inadmisibles, salvo si su uso no menoscaba la equidad global del proceso.

CAPÍTULO 3 Derecho a estar presente en el propio juicio

Artículo 8 Derecho a estar presente en el propio juicio

1.           Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a estar presentes en su propio juicio.

2.           Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto decida sobre la culpabilidad en ausencia del sospechoso o acusado, siempre que este,

a)         a su debido tiempo:

i)          bien haya sido citado en persona y, por lo tanto, informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio, bien haya recibido efectivamente, por otros medios, información oficial de la fecha y el lugar previstos para el juicio, de forma que pueda determinarse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio;

y

ii)         haya sido informado de que podía dictarse una resolución si no comparecía ante el tribunal;

o

b)         teniendo conocimiento del juicio previsto, hubiera otorgado mandato a un letrado designado por él mismo o por el Estado, para que le representara en juicio, y haya sido, efectivamente, defendido por dicho letrado en el juicio,

3.           Si no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2, los Estados miembros podrán proceder a la ejecución de la resolución contemplada en dicho apartado si, tras serle trasladada dicha resolución y ser expresamente informado de su derecho a repetir el juicio o a interponer un recurso de apelación, con derecho a participar en el proceso y a que se evalúe nuevamente el fondo del asunto (incluido el examen de nuevas pruebas), lo que puede desembocar en la revocación de la resolución original, el interesado:

a) declara expresamente que no impugna la resolución,

o

b) no solicita la repetición del juicio ni interpone un recurso de apelación dentro del plazo establecido.

Artículo 9 Derecho a la repetición del juicio

Los Estados miembros velarán por que, cuando los sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio a que se refiere el artículo 8, apartado 1, sin que se cumplan las condiciones fijadas en el artículo 8, apartados 2 y 3, el interesado tenga derecho a la celebración de un nuevo juicio en el que tendrá derecho a estar presente, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original.

CAPÍTULO 4 Disposiciones generales y finales

Artículo 10 Vías de recurso

1.           Los Estados miembros velarán por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la presente Directiva, los sospechosos o acusados dispongan de vías efectivas de recurso.

2.           Esas vías de recurso tendrán, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la situación que hubiesen ocupado de no haberse producido la vulneración, con miras a preservar el derecho a un  juicio justo y el derecho de defensa.

Artículo 11 Recopilación de datos

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a no más tardar el […] y, en lo sucesivo, cada tres años, datos que pongan de manifiesto la aplicación de los derechos establecidos en la presente Directiva.

Artículo 12 Cláusula de no regresión

Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de que limita o deroga los derechos o garantías procesales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que garanticen un nivel de protección más elevado.

Artículo 13 Transposición

1.           Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [dieciocho meses después de la publicación de la misma]. Notificarán inmediatamente a la Comisión el texto de tales disposiciones.

Las disposiciones adoptadas por los Estados miembros contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros determinarán la forma de dicha referencia.

2.           Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 14 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 15 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo                           Por el Consejo

El Presidente                                                  El Presidente

[1]               DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

[2]               DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.

[3]               DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.

[4]               DO L 294 de 6.11.2013, p.1.

[5]               Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea, COM(2013) 534 final de 17.7.2013.

[6]               DO C 303 de 14.12.2007, p. 30. Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales.

[7]               STNU, 999. 171. El PIDCP es un convenio internacional sobre derechos civiles y políticos abierto a la firma en virtud de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. Ya ha sido ratificado, de modo que es vinculante en Derecho internacional para todos los Estados miembros de la UE.

[8]               Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 50.

[9]               Ídem, apartado 52.

[10]             Sentencia de 14 de octubre de 2008 en el asunto Brusco/Francia, petición nº 1466/07, apartado 47.

[11]             Sentencia de 6 de diciembre de 1988 en el asunto Barberà, Messegué y Jabardo/España, peticiones nº 10588/83, 10589/83 y 10590/83. Véase también la sentencia de 10 de febrero de 1995 en el asunto Allenet de Ribemont/Francia, petición nº 15175/89.

[12]             Sentencia de 25 de marzo de 1983 Minelli/Suiza, petición nº 8660/79.

[13]             Sentencia de 25 de febrero de 1993 Funke/Francia, petición nº 10828/84, sentencia de 8 de febrero de 1996 Murray/Reino Unido, petición nº 18731 y sentencia de 17 de diciembre de 1996 Saunders/Reino Unido, petición nº 19187/91.

[14]             Excepto cuando el interés público justifique una excepción al principio del derecho a la libertad. Véase la sentencia de 26 de noviembre de 2010, Kudla v. Poland, petición nº 30210/96.

[15]             Sentencia de 12 de febrero de 1985, Colozza/Italia, petición nº 9024/80.

[16]             COM(2011) 327 final de 14.6.2011. Los temas del Libro Verde eran la prisión preventiva y el reconocimiento mutuo de las resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas. La Comisión recibió 81 respuestas de los Estados miembros, la sociedad civil y las ONG. En el sitio web de la Comisión se ha publicado un resumen de las respuestas. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. Véase también la Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20).

[17]             COM(2006) 174 final de 26.4.2006.

[18]             Véanse, entre otros, los asuntos C-301/04 P Comisión/SGL Carbon [2006], REC I-5915, y T-112/98 Mannesmannröhren-Werke / Comisión [2001] ECR II-732.

[19]             Véase Minelli/Suiza.

[20]             Véase Allenet de Ribemont/Francia.

[21]             Véanse, entre otros, los asuntos del TEDH Salabiaku/Francia (sentencia de 7.10.1988, petición 10519/83), Barberà, Messegué y Jabardo/España, Telfner/Austria (sentencia de 20.3.2001, petición 33501/96).

[22]             Véanse, entre otros, los asuntos del TEDH  Funke/Francia, Murray/Reino Unido, Saunders/Reino Unido, Heaney y McGuiness/Irlanda (sentencia de 21.12.2000, petición 34720/97), Jalloh/Alemania (sentencia de 11.7.2006, petición 54810/00).

[23]             Véase Heaney y McGuiness/Irlanda, apartados 55 y 58.

[24]             Sentencia de 5 de noviembre de 1992 en el asunto Allan/Reino Unido, petición nº 48539/99, apartado 50.

[25]             Véase Allan/Reino Unido, apartado 42.

[26]             Véase la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 81 de 27.3.2009, p. 81).

[27]             Colozza/Italia.

[28]             Véase Teteriny/Rusia (sentencia de 30.6.2005, petición nº 11931/03, apartado 56), Jeličić / Bosnia y Herzegovina (sentencia de 31.10.2006, petición nº 41183/02, apartado 53), y Mehmet y Suna Yiğit / Turquía (sentencia de 17.7.2007, petición nº 52658/99, apartado 47), y  Salduz / Turquía, apartado 72.

[29]             DO C de, p. .

[30]             DO C de, p. .

[31]             DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

[32]             Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 , relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).

[33]             Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).

[34]             Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 , sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad

(DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).

[35]             La redacción final de este considerando de la Directiva dependerá de la posición que el Reino Unido e Irlanda adopten, de conformidad con las disposiciones del Protocolo nº 21.

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